Demandan protección laboral para mujeres artesanas: solo 2.4 por ciento tiene seguro social
🔸 Entre los retos a los que se enfrentan son la alta informalidad, ingresos inferiores en comparación con los hombres e inserción directa en la industria.
#NACIONAL | El acceso a la seguridad social para las mujeres trabajadoras de la artesanía-textil es prácticamente inexistente, sólo el 2.4 por ciento tiene seguro social; mientras que el 4.5 por ciento de los hombres artesanos cuenta con la prestación laboral, así lo revela un informe del consorcio UNIDAS, integrado por Oxfam México, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Ethos Innovación en Políticas Públicas y Fundación Avina.
Dicho documento, Tejiendo el cambio: por un trabajo justo para las trabajadoras de la artesanía-textil en México, advierte que la precariedad laboral en el sector impacta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas artesanas, quienes trabajan bajo condiciones de informalidad, bajos ingresos, discriminación, exclusión económica y limitada protección social.
Por lo que UNIDAS plantea la necesidad de reorientar la política laboral, cultural y económica hacia el reconocimiento del trabajo artesanal en esos ámbitos, con el avance en modelos de protección social, comercialización y desarrollo territorial más flexibles, culturalmente pertinentes y adaptados a las realidades específicas de las mujeres artesanas para realmente contribuir a la reducción de las desigualdades estructurales que atraviesan.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el informe resalta que, en 2024, la producción artesanal representó el 18.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector cultural y concentró el 30.2 por ciento del empleo en dicho ámbito, posicionándose como la actividad de mayor valor económico dentro del sector. A pesar de su relevancia cultural, comunitaria y ancestral, esta labor no ofrece reconocimiento de derechos laborales ni seguridad social a su fuerza de trabajo.
Según la investigación, dicho subsector funciona bajo una lógica oculta de subcontratación e intermediarios que profundizan la situación de informalidad y precariedad laboral, especialmente para las mujeres artesanas. Aunque el 63.3 por ciento de las personas artesanas se identifican como trabajadoras independientes, esta categoría no necesariamente implica autonomía ni prosperidad.
Por un lado, las personas artesanas se enfrentan a canales de comercialización limitados y a los riesgos y restricciones del uso del espacio público para la venta, como los decomisos, desalojos o multas.
A su vez, detrás de la supuesta independencia, existen patrones de comercialización asimétricos, esquemas de subcontratación ocultos, así como situaciones de intermediación abusiva, prácticas de plagio y apropiación cultural en las que las personas trabajadoras reciben una proporción mínima del valor final de sus productos.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2025, el 29.7 por ciento de las personas artesanas trabaja de manera subordinada; el 19.2 por ciento declara recibir un salario y el 76.5 por ciento indica laborar en empresas vinculadas a la industria indumentaria, demostrando una inserción directa en las cadenas productivas del sector, que contrasta con el alto nivel de informalidad en el trabajo artesanal.
“No hay pagos justos, la necesidad económica nos obliga a aceptar el regateo para poder comprar nuevos materiales y no regresar a casa sin sustento”, así lo sostiene una artesana de Chiapas entrevistada para la elaboración del documento.
Las mujeres artesanas constituyen la principal fuerza de trabajo del subsector y gran parte de su producción se realiza en espacios domésticos o comunitarios, lo que dificulta el reconocimiento de su trabajo como una actividad laboral con acceso efectivo a derechos y protección social.
Al mismo tiempo, enfrentan afectaciones por la sobrecarga de cuidados no remunerados, la discriminación étnica y territorial, así como de dinámicas de explotación comercial, apropiación cultural y violencia económica.
Dichas desigualdades se reflejan en los ingresos. Mientras las artesanas perciben un ingreso mensual promedio de 3 mil 699 pesos, sus pares masculinos obtienen 7 mil 399 pesos.
“Esta brecha, se profundiza aún más por ser un subsector caracterizado por altos niveles de informalidad y escasa regulación, en el que predominan el pago por pieza, la ausencia de contratos y la falta de tarifas estables”, destaca el estudio.
El consorcio UNIDAS exige una política pública orientada a funcionar como un puente colectivo para acompañar, fortalecer y contribuir a replicar los mecanismos comunitarios que ya sostienen el trabajo, los cuidados y la vida en los territorios, en lugar de sustituirlos o imponer modelos externos desvinculados de las formas de organización y los saberes de las propias comunidades.
Las propuestas de UNIDAS incluyen promover el reconocimiento del trabajo artesanal como trabajo con derechos; fortalecer modelos territoriales y comunitarios de protección social y cuidados; fortalecer la articulación interinstitucional y la gobernanza del sector desde un enfoque territorial y comunitario.
Además de incorporar la voz de las artesanas en la política pública mediante mecanismos vinculantes; mejorar la producción y uso estratégico de información desagregada desde metodologías participativas, así como impulsar la corresponsabilidad empresarial y modelos económicos justos.
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