Se creará comisión de la verdad sobre la ‘guerra sucia’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, por acuerdo con víctimas y familiares de desaparecidos en la guerra sucia, se creará una comisión de la verdad.

“Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición”.

En tal caso se encuentran los familiares de los jóvenes estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de Violencia Política del Pasado, cuyos antecedentes son la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a Derechos Humanos en la Guerra Sucia.

La creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición de los casos de guerra sucia en México, va, comentaron los ahí reunidos.

En su cuenta de Twitter el mandatario informó que así se acordó con familiares y sobrevivientes de la denominada guerra sucia que se presentó en varios estados del país, principalmente en Guerrero.

Al encuentro asistieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Al final de la reunión Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, un líder social de Atoyac de Álvarez detenido y desaparecido en la Guerra Sucia, señaló que el Presidente se comprometió a la búsqueda y localización de nuestros desparecidos de aquel momento.

Más tarde, el subsecretario Encinas Rodríguez, presidió un acto para darle la bienvenida a las personas integrantes del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Recordó que en mayo de 2019, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de México escuchó propuestas de la sociedad civil y de familiares de víctimas para crear un mecanismo como el presentado aquí y atender la emergencia humanitaria que vive el país.

Encinas subrayó la importancia de “garantizar los recursos presupuestales, materiales, de infraestructura y humanos que se requieran para su cumplimiento” y destacó que derivado del trabajo conjunto entre sociedad civil, familias, diversas instituciones de la administración federal, Poder Judicial y órganos internacionales se aprobó el 5 de diciembre de ese año el Acuerdo con el que se crea el mecanismo extraordinario forense, cuyo fin es “practicar peritajes pertinentes sobre cuerpos o restos óseos no identificados”.

“Dentro de los alcances que nos hemos propuesto en este mecanismo, señala que éste actuará en la realización de peritajes multidisciplinarios con cuerpos que se encuentren en rezago de identificación cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados, aplicando los estándares internacionales y protocolos nacionales que incluyan las mejores prácticas en la materia, siempre con la participación activa, sustantiva y permanente de las familias”, dijo.

El guerrillero Lucio Cabañas Barrientos en vida y en la segunda imagen los paramilitares que participaron en su asesinato posando con el cuerpo inerte del luchador social. Una de tantas víctimas de la guerra sucia.

Comunicado de colectivos

En un comunicado, los colectivos y organizaciones integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) indicaron que a dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera siete compromisos con las familias de personas desaparecidas, vemos una agenda integral cuyos pendientes deben abordarse a través de canales de diálogo periódico que cuenten con el acompañamiento y respaldo directo del presidente.

“La construcción de políticas públicas que respondan a nuestras demandas implica la necesidad de un diálogo nacional en materia de desaparición forzada. En este sentido la designación de Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación abre una nueva oportunidad de consolidar los compromisos institucionales asumidos por la Secretaría de Gobernación (Segob) y de seguir instruyendo estrategias y mecanismos orientados a continuar mejorando la atención al delito de desaparición A través de este medio solicitamos de manera respetuosa una audiencia con el Presidente y el nuevo secretario de Gobernación”, se lee en el boletín.

Además, exhortaron al Estado mexicano a apegarse en la implementación de estas políticas públicas a las herramientas que ha suscrito en términos del derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, dijeron, una de las mayores muestras de voluntad política de Estado, sería que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asuma el compromiso político del mandato presidencial para invitar formalmente al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para una visita este mismo año.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las instancias diplomáticas que nos acompañan como MNDM para cerciorarse que dicha invitación se dé con base en los términos del artículo 33° de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta visita representa para las familias una oportunidad para la implementación de medidas de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación con base en los más altos estándares internacionales y por ello la consideramos una exigencia indeclinable”.

Masacre en la Alameda. Inicio de la guerra sucia

El 6 de julio de 1952, el pueblo mexicano votó por un cambio que permitiera reivindicar el ideario revolucionario y del cardenismo. ¿Su candidato? Miguel Henríquez Guzmán, quien había sabido hacer carrera militar dentro de las filas constitucionalistas y, al final de la revolución, en las del ejército mexicano, sobre todo bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien lo apoyó y brindó su confianza.

Henríquez Guzmán lanzó su candidatura en dos ocasiones. La primera fue en 1945, para representante del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) ―antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)―. Al parecer contó con el respaldo de Cárdenas y de buena parte de las bases partidistas, pero el presidente Ávila Camacho prefirió apoyar a quien era su secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, quien resultó electo en esa jornada electoral. Sin embargo, pese a no haber podido competir a nivel presidencial, Henríquez Guzmán y sus seguidores, los henriquistas, no se dieron por vencidos, reorganizándose para las siguientes elecciones, en 1952.

Durante el gobierno de Miguel Alemán, México cambió. El descontento popular llegó a ser general, pues este presidente prefirió beneficiar el desarrollo de grandes empresas nacionales y extranjeras al de la gente. La pobreza se volvió una constante, pero la memoria de la revolución y el cardenismo aguijonearon el sentir de la mayoría a favor de un cambio reivindicador de aquellos ideales.

Con su campaña, el movimiento henriquista enarboló estos principios. A fines de 1950 surgió una nueva alianza campesina, independiente y contestataria de la Confederación Nacional Campesina (CNC), para ese entonces infiltrada por el gobierno alemanista y la corrupción.

Se llamaba Unión de Federaciones Campesinas de México (UFCM), y fue ella quien respaldo la candidatura de Henríquez. Desde el inicio, el Estado ―a través de sus ramales de seguridad y autoridad estatal, regional, municipal, etcétera― intentó desbaratar la organización con todo tipo de mecanismos de violencia y corrupción, pero la organización se mantuvo.

El 4 de junio de 1951, obtuvo su registro como partido político bajo el nombre de Federación de partidos del Pueblo Mexicano (FPPM): tenía 43 403 afiliados de 28 estados.

Había logrado integrar personas y grupos de antagónicos orígenes e intereses políticos y sociales, aliadas por un sentimiento común: la recuperación, y puesta en práctica, del ideario revolucionario como principio rector de México, única forma de terminar con la corrupción del Estado y recuperar la dignidad y la calidad de vida. Además, entre las propuestas del FPPM estaban también la igualdad de derechos para la mujer, la preocupación y atención a los migrantes y la moralización de los funcionarios públicos.

Miguel Henríquez Guzmán inició formalmente su campaña presidencial el 19 de agosto de 1951; durante ella recorrió el país, haciéndose presente en los poblados y escuchando directamente de la gente sus planteamientos. Fue una campaña turbulenta, pues sus enemigos no perdieron ocasión para violentar a sus compañeros o asustar a sus seguidores, como tan bien ejemplifican los hechos del 5 de junio de 1952 en Juchitán, Oaxaca.

Las elecciones fueron el 6 de julio de 1952 y, pese a la proclama oficial de garantizar unas elecciones limpias, el proceso estuvo marcado por irregularidades y violencia ―sobre todo en zonas de clara preferencia henriquista―. Antes de darse las cifras finales, los periódicos ensalzaron como triunfador al candidato oficialista, Adolfo Ruíz Cortines.

Según cuenta Elisa Servín en su libro Ruptura y Oposición. El Movimiento Henriquista 1945-1956, el 7 de julio de 1952, los miembros de la FPPM se congregaron en la Alameda Central de la Ciudad de México tras una convocatoria a la Fiesta de la Victoria. Mientras llegaban al punto de reunión, los henriquistas iban gritando “¡Fraude electoral!”.

En eso, un infiltrado disparó desde un balcón al jefe de granaderos, el teniente Uribe, hiriéndolo. Sin averiguar, pues era ésta, al parecer, una señal planeada, las fuerzas armadas comenzaron a disparar contra los congregados, a echar gases lacrimógenos, a dar de culatazos, obligándolos a dispersarse en diferentes direcciones.

La represión se generalizó, ensangrentada aún más por los cortes de los sables de la policía montada. Algunos fueron heridos; otros, asfixiados. Murieron pocos más de doscientos, sus cuerpos fueron incinerados en el Campo Militar Número 1. La policía secreta realizó detenciones: líderes y simpatizantes, más de quinientos.

Las cifras precisas, se desconocen. En un artículo en la revista Siempre!, del 11 de octubre de 1972, Carlos Monsiváis, señala que el 7 de julio es “uno de los hechos menos documentados y más obscurecidos de nuestra historia” y cita la cifra de cerca de quinientos muertos en la Masacre de la Alameda, pues ese día se dispararon más de trescientas granadas de gases lacrimógenos y hubo cerca de cien agentes secretos, además del ejército, la policía montada y los granaderos.

Fue sólo el principio. El Gobierno asumió dos estrategias para terminar con el partido independiente y popular que tanto amenazaba su autoridad: por un lado, al asumir la presidencia Ruiz Cortines enarboló como propias muchas de las propuestas henriquistas ―como el sufragio femenino y la moralización de los funcionarios públicos―; por el otro, el Estado actuó de la manera más violenta, reprimiendo sin miramiento, violando todo derecho humano―. Había comenzado en México un nuevo sistema de Gobierno, incluía como herramienta a la llamada guerra sucia, la serie de mecanismos y tácticas de represión que el Estado ejerce sobre sus enemigos políticos.

Como menciona Octavio Rodríguez Araujo en su artículo “El henriquismo: última disidencia política organizada en México [7]”: “Para el bloque en el poder, y particularmente para la élite política, el henriquismo fue expresión de una crisis en su hegemonía; crisis que no debía evidenciarse y que, por lo mismo, habría de ser evitada en el futuro. Fue una experiencia bien asimilada. Nunca más, hasta ahora, la élite política ha permitido resurgimientos organizados de oposición disidente”.

“Fue bestial. Mataron a muchos. Se decía que el avión del presidente estaba listo porque él creyó que ahí se desataba algo más. Siempre tuvieron temor de que el general Henríquez Guzmán se alzara en armas. Pero nunca hubo armas […]”