México declara improcedente pagar 1,900 millones de dólares a Vulcan Materials

Como improcedente califica el gobierno federal la demanda compensatoria de 1,900 millones de dólares que reclama la firma Vulcan Materials por la clausura y ocupación de la mina Sac-Tun (antes Calica) y del muelle de Punta Venado en Playa del Carmen desde mayo de 2022.

Así se lee en la contestación oficial que el gobierno mexicano ha hecho llegar al Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde se ventila este arbitraje promovido por la firma estadounidense.

En una larga contestación de 195 páginas, el gobierno mexicano asegura que el CIADI carece de jurisdicción para pronunciarse sobre las reclamaciones de la empresa, pues ésta alude a acciones supuestamente violatorias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ocurridas en 2022, es decir, dos años después de que dicho acuerdo fue sustituido por el Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El gobierno mexicano señala además a Calica de “no tener las manos limpias” para reclamar violaciones a la normativa ambiental, pues las clausuras aplicadas a su predio La Rosita en Playa del Carmen se debió a que no tenía las autorizaciones ambientales necesarias para poder operar la extracción de piedra caliza.

De manera textual, el gobierno mexicano acusa a Vulcan Materials y su filial Calica de:

• Actuar de mala fe por cerca de cuatro décadas al: ocultar el tiempo y el volumen que realmente buscaba extraer de material pétreo
• Omitir obtener los permisos necesarios
• Explotar piedra caliza más allá de las manifestaciones que hizo en sus solicitudes
• Así como omitir llevar a cabo las acciones necesarias para restaurar las afectaciones ambientales que produjo

Indemnización a México

En este escrito de reconvención del expediente internacional ARB/19/1, se lee además lo que puede interpretarse como el el reclamo por parte de México de una indemnización de igual al monto reclamado por la empresa:

“Que la reclamación de la Demandante carece de méritos y, en consecuencia, México no es responsable de ninguna supuesta violación al TLCAN (…) Que el monto de daños equivale al cálculo que presentó la Demandada (…) los honorarios de los asesores legales externos de México (…) el pago de los expertos contratados por México (…) y cualquier otro gasto incurrido por el Gobierno de México en relación con este procedimiento”, se lee en las pretensiones presentadas por México en el escrito de reconvención.

Vulcan Materials a través de su filial Sac-Tun presentó en 2018 la demanda de arbitraje internacional ante el CIADI tras las clausuras de los predios donde extraía material pétreo que enviaba a Estados Unidos. Los procedimientos administrativos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fueron iniciados en la etapa final del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Contexto

Sac-Tun inició operaciones en esa zona hace más de 30 años bajo el nombre de Calica (Calizas Industriales de Playa del Carmen) en sociedad con la firma mexicana ICA, la cual a los pocos años disolvió la sociedad, dejando sola a la filial del Vulcan en el negocio de la extracción de material pétreo y su exportación a Estados Unidos.

Tras el inicio de las obras del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a Calica como causante de una “catástrofe ecológica” a escasos metros del mar Caribe, en el corazón del corredor turístico Cancún-Playa del Carmen.

El asunto incluso fue denunciado en julio de 2022 ante la ONU, por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, bajo el argumento de estar defendiendo el territorio mexicano.

Aunque el presidente pidió de manera pública en sus conferencias desde Palacio Nacional a Vulcan Materials abstenerse del arbitraje internacional contra México a cambio de un acuerdo, el litigio siguió su curso y el 11 de julio de 2022, el CIADI autorizó a la empresa la presentación de una reclamación adicional, relacionada con las referidas medidas impuestas por Profepa y la ANAM.

Esto dio inicio a una segunda fase del arbitraje y tuvo como consecuencia dos rondas adicionales de escritos y una audiencia programada para julio de 2023, con un monto actualizado de compensación exigido por la empresa de 1,900 millones de dólares.