Vinculan a proceso a 10 ex funcionarios y funcionarios de Cozumel
Encabeza la lista la ex alcaldesa Perla Tun Pech, seguida de Irma Noemí Tun Celis y Fidencio Balam Puc.
Diez ex servidores y servidores públicos de Cozumel fueron vinculados a proceso por el delito de Uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que deberán presentarse a firmar cada mes ante las autoridades de Seguridad Pública del municipio.
De acuerdo con la información, se trata de ex funcionarios del gobierno de Perla Tun Pech, de los cuales, al menos dos ocupan todavía importantes cargos en la administración de Juanita Obdulia Alonso Marrufo.
Encabeza la lista la ex presidenta municipal, Perla Tun Pech, seguida de Irma Noemí Tun Celis y Fidencio Balam Puc. Estos dos últimos fueron la tesorera y síndico, respectivamente, del entonces gobierno panista.
Tun Celis ocupa ahora el mismo cargo en la administración de la morenista Juanita Obdulia Alonso Marrufo, es decir, la Tesorería Municipal; mientras que Balam Puc, es actualmente el Oficial del Registro Civil.
Los datos obtenidos indican que las 10 personas fueron denunciadas por la entrega de un contrato de servicios por más de un millón de pesos sin que se realizara la licitación establecida en la ley, aunque ninguna autoridad ha querido dar mayores detalles sobre el tema.
De hecho, la audiencia ante el Juez de Control en materia penal ocurrió el sábado 16 de diciembre, correspondiente a la carpeta administrativa 103/2021.
Los otros siete ex funcionarios procesados son: María Demita De Lilie Cabrera, quien se desempeñaba como Oficial Mayor, y Dora Patricia Uribe Jiménez, ex secretaria general.
También, Ruperto José Díaz Hadad, ex director jurídico; Víctor Gabriel Tzuc Aké, ex director de Egresos; Miguel Ángel Blanco Sosa, ex director de Obras Públicas; Berenize de Jesús Cárdenas, ex directora de Recursos Materiales y Suministros, y Adriana Ariane Montero, ex directora de Contabilidad.
La medida cautelar dictada por el Juzgado de Control aplicará a partir del 23 de diciembre, es decir, la firma mensual. En tanto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que judicializó el caso tendrá dos meses para cerrar la investigación.